Antonio Lucas
La Academia expresa su preocupación por que la nueva norma educativa «promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna».
Ni tan de perfil ni tan de frente. La Real Academia Española (RAE), que dirige Santiago Muñoz Machado, invocó ayer la Constitución para emitir un comunicado suave, pero animado de advertencias contra la llamada Ley Celaá. En una nota consensuada por el pleno de los académicos, la institución pide al Gobierno que asegure «la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar«.
En dicho comunicado, los miembros de la RAE expresan que «su preocupación principal es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa».
El texto es una primera puesta de largo en el asunto de que el español pueda verse aún más menguado como lengua en el ámbito educativo por parte de algunas comunidades. Un asunto que genera inquietud en algunos académicos, como señalaron a este periódico el miércoles. «Formamos parte de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna. Esta circunstancia convierte nuestra lengua en un bien de valor incalculable que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento».
Esta última frase es una firme advertencia. La fuerza normativa de la RAE se apoya exclusivamente en la difusión del buen uso de las reglas, pero el valor moral de sus observaciones con respecto al idioma sí tiene un peso específico. Es ahora cuando la autoridad de la institución puede hacer que el debate ante la nueva Ley Orgánica de Educación aprobada ayer en el Congreso no sea sólo una cuestión estética. La institución es también un órgano consultivo al que los distintos Gobiernos ha recurrido en alguna ocasión. La última tensión que mantuvo con el actual Ejecutivo tuvo enfrente a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a cuenta del informe de la RAE contrario a adaptar la Constitución al lenguaje inclusivo, aprobado también por unanimidad del pleno de académicos.
La Real Academia Española carece de competencias para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad, pero se ofrece para el asesoramiento en esta y otras cuestiones. «Dada la importancia que tiene para nuestra nación el español como lengua oficial, y los deberes de protección que la Constitución impone, la RAE, sin perjuicio del análisis crítico final que en su caso proceda, se pone a disposición del Gobierno y del legislador para prestar el asesoramiento que se considere necesario«.
Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha manifestado en una entrevista a la Cadena Ser que atiende «con todo el respeto» la disposición de la Real Academia Española para «asesorar» durante la tramitación la Ley Orgánica de Educación, y ha recordado que en la misma está «perfectamente cumplimentado» el castellano como lengua oficial del Estado.
A su juicio, no hay «ninguna ley» que haya precedido a la suya que incorpore la expresión «las administraciones educativas garantizan el derecho de todos los alumnos a estudiar en castellano y en sus lenguas cooficiales: se dice que tiene que cumplir unos objetivos y tener dominio pleno (…). Y dice que los centros educativos tendrán que establecer medidas compensatorias. Esto es garantista«, ha explicado Celaá.
También ha recordado que el término «vehicular» apareció en el año 2013 con la conocida como Ley Wert. «No existía en ninguna ley; sin embargo, el castellano era vehicular», ha aclarado la titular de Educación, quien recuerda que se eliminó el polémico término en las Cortes Generales tras ser «dialogado y acordado. Y resalto este último término porque al acuerdo le damos más importancia». La RAE vigila.
El Mundo (20-11-2020)
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