Mónica Marquina
Board Member of Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) – 01/10/2025
La inclusión en la educación superior es una preocupación de larga data en las universidades argentinas. A primera vista puede parecer paradójico que en un sistema abierto y gratuito, donde cualquier joven con título secundario puede inscribirse en una carrera universitaria, sigamos hablando de inclusión como un problema pendiente. Sin embargo, la evidencia muestra que, aunque el acceso inicial está garantizado en términos formales, el verdadero desafío se encuentra en la permanencia y la graduación. El recorrido que separa el ingreso del egreso es todavía una ruta llena de obstáculos para muchos estudiantes, y es allí donde las universidades concentran hoy buena parte de sus esfuerzos.
El dato central que alimenta esta preocupación es claro: la matrícula crece, pero un porcentaje importante de estudiantes no logra completar sus estudios. Algunos abandonan temprano, otros interrumpen su trayectoria por largos períodos, y muchos más tardan mucho más de lo esperado en recibirse. Esta situación no es nueva y ha motivado, a lo largo de las últimas décadas, una serie de políticas gubernamentales orientadas a mejorar la permanencia. Becas, programas de articulación entre escuela media y universidad, apoyo a dispositivos de tutorías, se desplegaron con frecuencia bajo la narrativa de la inclusión. Sin embargo, esas iniciativas rara vez fueron evaluadas desde las políticas públicas en términos de su impacto real. En muchos casos, se implementaron, se anunciaron y se sostuvieron sin un monitoreo sistemático que permitiera saber si efectivamente daban resultado.
Las universidades, por su parte, han sido actores clave en esta búsqueda. Conscientes de que las dificultades para permanecer y egresar no se explican únicamente por las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, desde hace décadas han ensayado múltiples dispositivos para acompañar las trayectorias. Cursos de apoyo en los primeros años, talleres de escritura académica, espacios de tutoría entre pares, orientación vocacional, comedores universitarios, programas de articulación con escuelas secundarias: la lista es larga y habla de un compromiso sostenido con la inclusión. Estos esfuerzos, que muchas veces se desarrollan con recursos escasos, muestran una clara voluntad institucional de atender a las necesidades de los sectores más desfavorecidos y de democratizar efectivamente la educación superior.
El problema, sin embargo, sigue sin resolverse de manera estructural. Es evidente que las condiciones socioeconómicas influyen en las posibilidades de los estudiantes, pero no explican todo. Las investigaciones muestran que existe un margen significativo de acción desde las políticas institucionales, un margen que puede marcar la diferencia entre una trayectoria interrumpida y una historia de graduación. Ese margen depende de que las medidas que se diseñen no queden como gestos aislados, sino que formen parte de un verdadero circuito institucional de diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación. Y allí radica una de las principales dificultades: muchas iniciativas se repiten de forma automática, sin que medie un proceso de evaluación que permita comprobar su efectividad.
En el trabajo que publicamos recientemente analizamos la situación de un conjunto de universidades argentinas con el objetivo de indagar hasta qué punto un modelo de seguimiento de este tipo puede funcionar. Lo que encontramos ofrece pistas valiosas. Allí donde las instituciones establecen mecanismos para identificar los problemas a través de la evaluación institucional, diseñan medidas concretas para enfrentarlos y luego realizan un seguimiento de su implementación, los resultados en términos de inclusión son más visibles. Y esto sucede sin importar si se trata de universidades grandes o pequeñas, del centro o de la periferia, con más o menos tradición. Lo que marca la diferencia no es el tamaño ni la localización, sino la capacidad institucional de sostener un ciclo de mejora continua.
Este hallazgo es clave: muestra que la inclusión no puede pensarse solo como un tema de recursos, de programas nacionales o de contextos sociales. También es un asunto de organización y de cultura institucional. Cuando las universidades instalan procesos sistemáticos de autoevaluación, seguimiento y ajuste de sus políticas, logran generar condiciones que acompañan a los estudiantes a lo largo de su trayectoria y aumentan sus probabilidades de graduación. Y cuando esos procesos se articulan con las evaluaciones externas que realizan organismos nacionales, se potencia un círculo virtuoso: de la evaluación surge el problema, de la institución la respuesta, del seguimiento la evidencia, y de la evaluación interna la decisión de sostener o modificar la política.
Este circuito virtuoso no siempre se da de manera completa, y allí está el desafío. Con frecuencia, los dispositivos se implementan con entusiasmo, pero sin un monitoreo riguroso que permita aprender de la experiencia. Otras veces, se sostienen durante años sin cambios, aunque los resultados no sean los esperados. La clave está en no quedarse en la lógica de la repetición, sino en instalar un modo de trabajo que haga de la evaluación y el seguimiento una práctica habitual de la vida universitaria. No se trata de importar modelos de otros contextos ni de replicar de manera automática recetas externas, sino de construir mecanismos propios, ajustados a la realidad de cada institución, que permitan mirar permanentemente qué se hace, cómo se hace y qué efectos produce.
En la misma línea, el informe reciente de UNESCO – IESALC, Políticas de equidad e inclusión en la educación superior de América Latina y el Caribe, llega a conclusiones muy cercanas. Señala que el compromiso con la inclusión suele ser más declarativo que operativo: existen muchas manifestaciones de voluntad, pero las acciones reales que promuevan cambios sistémicos son todavía limitadas. El estudio advierte sobre la falta de articulación entre políticas públicas e institucionales y sobre programas con alcance restringido, aislados o compensatorios, que no logran transformar la cultura universitaria en sentido profundo. Que nuestro trabajo y este informe aparezcan en simultáneo en el debate muestra la urgencia de avanzar hacia modelos institucionales que conviertan la inclusión en una práctica sostenida, más allá de los discursos.
Las universidades argentinas ya hacen un enorme esfuerzo en materia de inclusión, especialmente con los sectores más desfavorecidos, y es importante reconocerlo. El desafío está en ir por más. Apostar a que las medidas de apoyo y acompañamiento no sean solo dispositivos valiosos en sí mismos, sino parte de un entramado institucional que se evalúa, se ajusta y se mejora en el tiempo. Esto implica aprovechar la oportunidad de que los Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), en proceso de desarrollo en nuestro país, puedan incorporar esta lógica para diferentes problemas, no solo el de la inclusión. Y, de esa manera, avanzar hacia un modelo de universidad que garantice no solo el derecho formal de acceso, sino también la posibilidad real de completar los estudios.
La verdadera inclusión universitaria no se mide únicamente en el número de estudiantes que logran entrar, sino en cuántos logran permanecer, progresar y graduarse. Convertir este desafío en una política institucional permanente es, al mismo tiempo, una oportunidad y una responsabilidad. Si logramos sostener este camino, estaremos más cerca de que la universidad cumpla plenamente su papel como motor de movilidad social, justicia educativa y construcción de ciudadanía.
¿Qué acciones sostenidas pueden transformar los compromisos declarados de inclusión en trayectorias reales de ingreso, permanencia y graduación?
Ayudame a seguir reflexionando en los comentarios. Te leo.
Este artículo se basa en nuestra investigación recientemente publicada en Praxis Educativa titulado Condiciones institucionales e inclusión social: hacia un modelo de seguimiento para las universidades argentinas, publicado el 10/9/25 en Praxis Educativa, y en el informe Políticas de equidad e inclusión en la educación superior de América Latina y el Caribe presentado el 17/9/25 por IESALC – UNESCO.
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